César Ramírez

@caralvasalvador

El Golpe de Estado “desarmado”, porque no tiene nada de “suave” es un mazazo a la democracia constitucional, que bajo interpretaciones de funcionarios de segundo grado provocan el desequilibrio de gobernabilidad de los funcionarios electos en procesos democráticos, así la historia demuestra que Manuel Zelaya presidente electo es acusado de un acto irregular calificado de Golpe de Estado en 2009, “ocurrió el 28 de junio de ese año tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una Cuarta Urna, para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó” –Wikipedia- el resultado es conocido, pero la fragilidad de la interpretación constitucional demuestra que las elecciones no son sagradas, la voluntad popular expresada en las urnas puede ser pisoteada por terceras personas en cualquier momento de un período gubernamental. El caso de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, es un proceso parlamentario que promovió un juicio político “exprés” contra el presidente constitucional electo en el año 2008, por mal desempeño en sus funciones acusándole de: “responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo” – Wikipedia – existieron faltas al debido proceso, no se presentaron pruebas reales, inventaron acusaciones falsas etc. y la celeridad del juicio fue de 48 horas…

En Brasil la presidenta Dilma Roussef (2015-2018) fue acusada por violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, pero ella ha negado su responsabilidad en esos actos; el Congreso de esa nación decidió (12MAY016) su destitución por 180 días asumiendo el vicepresidente, luego de los cuales si dos tercios ratifican su decisión Roussef será apartada definitivamente. La lectura es clara, los procesos electorales que expresan la voluntad popular no son definitivos, pueden ser revocados por interpretaciones jurídicas del Congreso o por funcionarios electos de segundo grado, es una realidad del siglo XXI, casi una coincidencia programada o un nuevo procedimiento para “derrocar” los gobiernos democráticamente electos para aplastar la voluntad de las mayorías.

En El Salvador el escenario podría ser: “impugnación del proceso electoral presidencial del año 2014-2019 con el trillado argumento que fue ilegal”, “procesos viciados en el proceso electoral por uso de DUI”, “Invocación del art. 155 en defecto del presidente de la República por muerte, renuncia, remoción y otra causa...” que al final como lo demuestra la historia reciente de los Golpes de Estado “desarmados”, “parlamentarios” “senatoriales” etc. son producto de argucias e inventos que la simple aritmética opositora destituye a los gobernantes legítimamente electos y burlan la voluntad popular, muy parecido al robo o secuestro de la democracia por conspiraciones derechistas. Paraguay, Honduras, Brasil, El Salvador ¿por qué no?; si no existe el delito es más fácil fabricarlo, sino hay guerra se debe provocarla, aunque se legal un procedimiento el vulgo debe interpretarlo como inconstitucional…

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La última cena de la reconciliación. César Menéndez. Cuadro censurado

César Ramírez

@caralvasalvador

Desde la antigua Griega se reseñó la influencia de los motivos económicos sobre la determinación política, incluso Platón se pronunció contra la extrema riqueza (de algunos ciudadanos) para propiciar la unidad del Estado en la clase gobernante. No obstante en nuestra nación la ANEP debería constituirse en un Partido Político, así podría expresar toda su doctrina, programa, acción social, orgánica, afiliar a correligionarios y defender su ideología, sin necesidad recurrir a una posición vergonzante, negando su filiación a una institución de derechas. Si ANEP se constituye como partido político podría llamarse el Partido del Sector privado, lo cual es genuino, categórico, además representativo de sus intereses dinerarios; así como existe el partidos de los trabajadores, revolucionario, comunista, ciudadano, cristiano, popular etc. de igual manera el gran capital debe identificarse con sus objetivos básicos, firmando sus documentos y administrando sus programas de mediano y largo plazo, pero al proclamar una bandera de Sector Privado e incluir a todo el modelo capitalista como su territorio es un grave error de concepción, puesto que existen tesis que no son compartidas por todos los medios privados por ejemplo:

La evasión de impuestos, el espectro de la radiodifusión y telecomunicaciones, las pensiones, la seguridad nacional, el diálogo nacional, agricultura, la corrupción en el municipalismo, la información mediática, etc., tesis antagónicas de la administración gubernamental, pero que se han prolongado por seis años y según parece continuarán otros años más.

El sector privado debe comprender que en la nación no puede existir con una “Provincia del Sector Privado”, ni un “municipio de la empresa privada”, ni siquiera un “gobierno de

Empresa privada”, etc. puesto que el precepto griego: “la extrema riqueza (de algunos) es incompatible con los intereses del Estado” continúa vigente en estos tiempos.

Si ANEP fuese un Partido Político su acción opositora a los proyectos de la nación sería comprensible, pero como gremio defiende sus intereses y niega los objetivos del pueblo y los trabajadores.

Nuestra nación no es pobre económicamente, la muestra de ello son las famosas offshore de Panamá, donde destacan varios cientos de empresas que evaden impuestos, declaran pérdidas financieras, trasladan capitales etc. pero el resultado es negativo para el Estado y la sociedad que termina perdiendo sus capitales, mientras unos cuantos acumulan todas las ganancias mal habidas, ¿esa es una acción gremial o individual?

Si ANEP se convierte en Partido Político su misión fundacional sería generar capital no confundiría al Estado como enemigo, contribuiría a fomentar la competencia del mercado y favorecería la apertura contra los monopolios, oligopolios, estancos o confabulaciones por capitales emergentes, trataría de dialogar con todos los sectores, porque es necesario aumentar el salario real de los trabajadores para incrementar la demanda de servicios y consumo, promovería la inversión pública y privada en lo social e internacional, finalmente elevaría la competitividad laboral; estos factores nos unirían como nación y separarían los factores ideológicos de los problemas que enfrentamos a diario. Si la ANEP persevera en su confrontación contra la Nación conformar su Partido Político es lo mejor para todos, al menos en la democracia es posible. www.cesarramirezcaralva.com

"La última cena" diálogos con la cultura. Salvador de la Mancha cuadro censurado

César Ramírez

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Las constantes negativas de la Iniciativa Privada podrían transformarse en audacia para beneficio de sus empresas en lugar de acciones regresivas.

Algunos elementos: La modernización del Estado, un tema recurrente que implica a la gran empresa. Es correcto afirmar que la función gubernamental no es convertirse en un gigante de burócratas, pero también implica la inversión privada en los campos que el Estado tiene límites: salud, educación, servicios públicos, seguridad etc. se requiere la participación privada tanto en la visión de Responsabilidad Social Empresarial como en el apoyo a las iniciativas gubernamentales; ¿por qué considerar entonces la inversión social como gasto innecesario?, las iniciativas privadas pueden ser un baluarte de beneficio a los niños y niñas para estos proyectos; audacia entonces es crear una Ley de Responsabilidad Social con objetivos hacia el desarrollo nacional.

Otra actitud negativa es no considerar a los trabajadores como parte esencial de los proyectos del desarrollo nacional, el caso de las pensiones es evidente, el antiguo sistema de reparto no funciona, el actual modelo beneficia esencialmente a los administradores privados y ¡Gracias a Dios! que no se permitió por ley invertir en el extranjero el dinero de los trabajadores, puesto que se habría agotado como sucedió en la crisis de 2009 con la quiebra de: aseguradoras, bancos, inmobiliarias etc… ¿no fueron acaso las empresas privadas las que propiciaron esa crisis? Por qué quebró: Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae y Freddie Mac… por la ausencia de solidaridad con los trabajadores, porque solo piensan en “sus ganancias” y no en el daño que ocasiona su codicia. Existe una deuda de los Acuerdos de Paz desde 1992, es el derecho de los trabajadores a sus reivindicaciones contra el capitalismo salvaje, entonces audacia es construir solidaridad. Se considera a los trabajadores esencialmente comunistas, anticapitalistas, antisistema, los cuales con un leve descuido son expulsados, cuando la realidad implica que el principal activo de las empresas son los empleados, la nación necesita un nuevo modelo de Iniciativa Privada dotada de consciencia en objetivos nacionales donde todos ganemos no solo algunos, es la audacia del siglo XXI: “ganar ganar”.

El Sector empresarial debe construir una estructura económica más allá de una administración gubernamental, con una mentalidad de crecimiento y desarrollo, no solo para exportar capitales y reportar pérdidas, como los Offshore de Panamá, también es audacia invertir en la nación, puesto que en Estados Unidos no perdonarán ese pecado y confiscarán todo lo ilegal de un día para otro, es más seguro acá, al menos por el momento.

La gobernabilidad beneficia a todos, principalmente a la iniciativa privada, se debe reconocer el esfuerzo hacia la formación de consenso, el diálogo entre sectores, las iniciativas incluyentes en la seguridad nacional, la construcción de la paz social, el respeto a las instituciones etc., ello constituye la legitimidad de las instituciones en una sociedad justa, la cual en esencia es democrática pero jamás oligárquica.

Finalmente el Sector Privado no debe ser vocero de ningún partido político, porque su función es crear activos, incrementar el capital, no aislarse de los trabajadores o de sus intereses porque es un mal negocio, para ello se requiere audacia del sector privado, para acompañar a la historia.

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LA última cena: una oportunidad para el perdón, el amor y la paz Mauricio Mejía cuadro censurado

César Ramírez

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La unidad nacional para enfrentar al crimen organizado es una muestra de racionalidad política, entendido así: acciones sociales que deben realizarse en beneficio de la nación, sin importar la ideología de la administración gubernamental; de esa forma llegamos a impulsar el modelo de seguridad nacional.

En mi opinión el motivo principal de éste cambio es la visión del Gobierno Norteamericano al combate del crimen organizado, el cual requiere de los proyectos a mediano plazo y necesitan de mucha seguridad social; el decidido apoyo de esa nación es estratégica para la sostenibilidad de cientos de proyectos destinados al desarrollo nacional, los cuales no podrán ejecutarse si estas estructuras interfieren con las organizaciones comunitarias, en términos generales la identificación de miembros de un partido político coordinando acciones con estructuras terroristas demostró el uso de estos grupos de presión con objetivos electorales, ilegales, antisistema etc., los cuales ningún gobierno democrático puede tolerar, de tal forma que el aislamiento de ese partido no solo de su imagen política, sino de una pérdida de su credibilidad en torno al tema de seguridad o el proceso electoral, le obligó a cambiar su estrategia opositora. Ahora de la mano del apoyo internacional, así como de la Fiscalía en torno a la iniciativa de nuevas leyes que juzguen a los menores de edad como adultos, abren un nuevo panorama de optimismo sobre el tema de seguridad, de igual forma debe considerarse el tratamiento del tema por los medios de comunicación en el rubro del combate a la delincuencia; mientras los abnegados policías entregan sus vidas por la ciudadanía, los grandes medios tergiversan las noticias; otros sectores se niegan a pagar impuestos, tampoco aprueban los créditos para la Seguridad Pública, algunos solicitan amparos constitucionales por interpretaciones no escritas y son protegidos por la Sala Constitucional demorando al infinito acciones que en esencia habrían salvado la vida de cientos de ciudadanos inocentes, en resumen un abismo de quejas para evitar la gobernabilidad. Nuestro panorama ciudadano sobre el ejercicio de la Ley es deprimente, los fallos de los jueces parecen apadrinar a los delincuentes, pero hasta la fecha juzgar a los “juzgadores” parece un chiste, de esa forma la justicia secuestrada y la Constitución interpretada ideológicamente a favor de las oscuras fuerzas del capital; tenemos como resultado una separación absoluta entre el pueblo que clama a gritos por sus muertos y las leyes al servicio del poder económico que desprecia todo clamor popular a favor de sus policías, soldados, ciudadanos y trabajadores. La realidad nos divide entre quienes deseamos justicia popular (burguesa, ciudadana etc.) y quienes defienden los intereses de los delincuentes.

No vivimos en una nación de leyes, vivimos en una nación donde las leyes no funcionan.

Recientemente se anuncia el concepto de “armar a los ciudadanos”, pues bien, la autodefensa es un concepto ideológico de izquierda y derecha, pero atención a la Historia sobre el tema, puesto que unidos los elementos enunciados: Unidad Nacional en Seguridad, Justicia, Constitución, apoyo norteamericano y ahora “autodefensa ciudadana” entramos a una nueva etapa de respuesta organizada en la seguridad nacional, lo cual demuestra que nuestras instituciones armadas necesitan en democracia de la autodefensa civil, quizás la sociedad esperó demasiado para este paso, al menos las grandes distancias se inician con pequeños pasos y la justicia por fin se acerca al pueblo.

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César Ramírez

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La unidad de las fuerzas políticas es la clave para el funcionamiento de los nuevos proyectos en el tema de la Seguridad Nacional.  Con optimismo recibimos el anuncio de la “implementación de las medidas urgentes de carácter extraordinario” por el ciudadano presidente Salvador Sánchez Cerén, las cuales contemplan acciones contra individuos transgresores de las leyes nacionales.

La importancia de este evento reside en un acuerdo político, puesto que el Estado no puede impulsar “solo” sus proyectos,  si no cuenta con el respaldo de la sociedad civil, las instituciones jurídicas, religiosas, población en general, como elemento dinamizador que acate las medidas y construya junto a sus gobernantes un bloque sólido contra la delincuencia, todos perderemos; de tal forma que barrio por barrio, colonia por colonia, cantón por cantón debemos apoyar a la autoridad constitucional.

El daño provocado por los grupos del crimen organizado es terrible, su calificación de terroristas cumple con todos los parámetros internacionales, por lo tanto se necesitan acciones drásticas, la nación no puede coexistir con grupos que solo tienen por objetivo destruir a la familia salvadoreña, extorsionar a la sociedad, asesinar a los trabajadores, cometer horrorosos actos contra mujeres, niños o ancianos, sus acciones conmueven a la humanidad por el dolor que provocan, ante estos hechos  la sociedad no puede dejar de actuar de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, de esta manera corresponde a los gobernantes accionar y a la ciudadanía en general contribuir significativamente con este proyecto.

Es conocido que el parámetro para el éxito del proyecto es la aprobación de los fondos para la seguridad, así como para el funcionamiento del Estado, lo cual se convertirá en la verdadera prueba de unidad en este crucial período en la vida de la República.

Otro elemento que debe demostrar su condición impecable es la Fiscalía General de la República, es notable la deuda fiscal en la persecución del delito, no en pocos casos las acusaciones son débilmente sustentadas y con la venia de muchos jueces los delincuentes son absueltos de manera tan  insultante que la ciudadanía ha dejado de creer en la justicia salvadoreña; precisamente en estos momentos con el escándalo de “Los Papeles de Panamá” el delito se constituye en El Salvador puesto que en Panamá es lícito crear una entidad anónima, a partir de $1,000… para muestra la denuncia presentada por el Ministro de Obras Públicas hace varios meses sobre corrupción, así como otros casos, no se conoce nada.

Todo tiene un costo, el precio de la Seguridad Nacional pasa por la aprobación de los préstamos en bonos para el Estado, además toda la acción que implique contribuir financieramente a las instituciones involucradas: Policía Nacional, Ejército, FGR, etc., en una palabra la sostenibilidad de largo plazo, con el concepto de “racionalidad política” que implica cuatro o cinco años bajo cualquier administración gubernamental, puesto que es un error confundir seguridad nacional con ideología.

Se trata de salvar vidas, se trata responder a la delincuencia, en este aspecto algunas empresas privadas deben comprender que la vida de los trabajadores es más importante que sus ganancias dinerarias, la unidad de las fuerzas políticas y sociales en este momento debe imponerse para salvar a la nación de la agresión del crimen organizado.

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César Ramírez

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El asesinato de los jesuitas nos conduce a la pregunta fundamental: ¿Quiénes son los autores intelectuales?...  en nuestra nación ese proceso judicial  cometió fallos: los nombres de los implicados fueron en un inicio obstruidos, agreguemos que veintiséis años después se agudizan las  contradicciones entre la justicia nacional e internacional por la interpretación de normas signadas en foros internacionales, al igual que la lectura de la caso de la Corte Suprema de Justicia en nuestra nación, etc., el resultado es un laberinto de incertidumbre donde los implicados no tienen culpa territorial, pero fuera de la nación son perseguidos por la Interpol, el final de este capítulo histórico es predecible, acá no pasará nada, aunque el mundo reclame justicia… -en realidad espero equivocarme-.

El crimen de los sacerdotes jesuitas recuerda una acción de Napoleón Bonaparte, referida por el Duque de Otranto en el libro Memorias de Fouché 1759-1820, en esa ocasión Napoleón Bonaparte afirmó: “es preciso aterrorizar o perecer” … el caso fue el siguiente: el arresto del príncipe Duque de Enghien (quien) fue capturado y ejecutado por un Consejo de Estado (napoleónico), concluyó en una  ejecución realizada con saña y en circunstancias atroces; así mientras algunos personajes moderados esperaban el perdón de su vida, la noticia solo confirmó la fatalidad, según Fouché: “a Bonaparte le pareció indispensable aquel golpe de Estado para atemorizar Europa y destruir todos los gérmenes de conspiración contra su persona. La indignación que yo había previsto estalló del modo más sangriento. No fui yo, por cierto, quién expresó con menos paliativos sobre este atentado, que atropellaba el derecho de las naciones y de la humanidad. “¡Es doble mal, porque es un crimen y una equivocación!” Memorias de Foché / Joseph Fouché -- España: Desván de Hanta, 2015 pág 175.

Esa historia nos recuerda el asesinato de los jesuitas, puesto que es un símbolo de “un crimen y una equivocación” como lo afirmó Fouché. Los académicos actuales usan el concepto de “Chivo expiatorio” así: “se utiliza la expresión para denominar a aquél que ha pagado las culpas de otra persona o grupo, librando a estos de represalias. También es posible que la persona víctima de éste fenómeno termine mintiendo su efectiva responsabilidad para aliviar la situación pidiendo una especie de perdón o porque recibió una amenaza coactiva, lo que a veces la empeora y hace difícil encontrar la verdad confundiéndose a la víctima como victimario. En Sociología, el término se utiliza para designar a una persona o grupo por el cual los más afectados por la frustración redirigen su agresión. Un chivo expiatorio también es conocido como Cabeza de turco” –wikipedia-.

De no encontrar al autor(es) intelectual(es) el proceso contra los militares salvadoreños involucrados en ese procedimiento, terminará en un apacible final de los acusados, nunca sabremos la verdad, algunos libros incluso parecen develar esa situación: “nuestro buen nombre y reputación dependen más de lo que ocultamos que de lo que revelamos. Todo el mundo comete errores, pero quienes son realmente hábiles y sagaces se las arreglan para ocultarlos y hacer que otros carguen con la culpa. En tales momentos, siempre se debiera tener a mano un oportuno chivo expiatorio”. Poder /Robert Greene. Buenos Aires: Atlántida, 1999. – pág 259

César Ramírez

@caralvasalvador

Sobre el lavado de dinero la Federal Financial Institutions Examination Council’s (FFIEC) BSA/AML, reseña en su Manual de Inspección Antilavado de Dinero (AML)/Ley de Secreto Bancario (BSA) del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras (FFIEC) lo siguiente: “El lavado de dinero es un proceso que puede comprender diversas técnicas y estrategias. Pero el fin último es “lavar” el dinero a través de una serie de transacciones, estas transacciones están diseñadas para ocultar los rastros documentados que conducen al delito original. Las personas que lavan el dinero mueven el producto del delito, o dinero sucio, a través del sistema financiero mundial, en un esfuerzo por “limpiar” el dinero, de modo que parezca haber sido obtenida en forma legítima”, éste fragmento fue publicado el 12NOV015 en Colatino; el 04DIC015 el juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel García apostilló sobre el lavado de dinero: “La acción típica de peculado (apropiarse de fondos públicos) preliminarmente atribuida al procesado no concluye con el hecho que haya desviado el destino original de los $10 millones”, incluyendo de esa manera los siguientes delitos contra el expresidente Francisco Flores: peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia de particulares y lavado de dinero. El 18DIC015 la Cámara Primera de lo Penal aceptó un recurso de nulidad contra la sentencia emitida contra el expresidente Francisco Flores anulando los delitos de lavado de dinero y activos, decretando arresto domiciliar en lugar de la reclusión en bartolina policía. El resultado de éste proceso implica conceptos internacionales sobre la caracterización de “lavado de dinero”, la meta es ocultar el dinero y la procedencia del mismo, en este escenario de no ser por la mención del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por los instrumentos legales de Estados Unidos, nadie se entera del mecanismo de las transacciones financieras de más de $10 millones del Gobierno de Taiwán a El Salvador, los cuales nunca se registraron en el erario público, según fuentes de cancillería el 10ENE014. El lavado de dinero tiene por objetivo desaparecer el dinero por medio de transacciones internacionales sigilosas... El Manual de Inspección Antilavado de Dinero (AML) anota: “El primer paso del lavado de dinero consiste en la “colocación” del dinero en instituciones financieras tales como negocios de servicios de dinero: bancos corredores de valores, casinos, etc., una vez que los criminales “colocan” el dinero en las instituciones bancarias, el mismo pasa “encubierto” al sistema financiero a través de transacciones financieras tales como: retiros bancarios, transferencias por cable y la compra de instrumentos monetarios. El último paso del lavado de dinero es la “integración” de tal dinero a la economía mediante la compra de artículos tales como: botes, casas, automóviles y comercios”…la procedencia de éstos fondos no eran legales, si tenían por objetivo la ayuda a los refugiados del terremoto de 2001 pero nunca llegaron a su destino, entonces estaba fuera de todo el marco jurídico nacional e internacional, por lo tanto es ilegal. Dicen que la justicia es ciega, pero acá distingue muy bien el color del dinero.

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